La derogación de estos decretos reconoce implícitamente que el cierre de Fundación Pachamama fue arbitraria e ilegal, es por lo tanto una tarea urgente la devolución de la personería jurídica de esta organización que ha trabajado por más de 20 años en la defensa de la naturaleza y los derechos colectivos.   El cuatro de diciembre del 2013 el Gobierno Nacional, a través de un informe del Ministerio de Ambiente decidió disolver a la Fundación Pachamama, dando de esta forma por terminados 20 años de trabajo en la defensa de la naturaleza y los Derechos Colectivos en el Ecuador. Esta decisión fue tomada argumentando que se incumplió con los fines estatutarios con los que fue creada y por supuesta “injerencia en políticas públicas, atentando contra la seguridad interna del Estado y afectando la paz”. Esta sería la primera vez que se aplicaba a rajatabla el Decreto Ejecutivo 16, un instrumento utilizado por parte del gobierno del entonces Presidente Rafael Correa para perseguir y amedrentar a las organizaciones de la sociedad civil, afectando gravemente el derecho a la libertad de asociación. El 28 de marzo del 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “grave preocupación” por esta situación. En el 2009 Acción Ecológica fue clausurada utilizando el Decreto 982, sin embargo esta organización fue reabierta por el MAE.   La derogación de los Decretos 16 y 739 es el reconocimiento de que fueron instrumentos creados para perseguir a la sociedad civil, atentar contra el derecho a la libertad de asociación e impedir el trabajo fundamental de organizaciones como Fundación Pachamama, Acción Ecológica, Fundamedios, y por supuesto la Unión Nacional de Educadores.   Sin embargo, hay que decirlo, la derogatoria de estos decretos es insuficiente, al reconocer que fueron instrumentos persecutorios, se vuelve una imperiosa necesidad la devolución de la personería jurídica a Fundación Pachamama, pues la liquidación de esta organización fue arbitraria, ilegal e ilegítima.   En relación a la creación del Decreto 193, hemos visto que reitera los vicios de procedimiento alrededor de la expedición de una norma que regula derechos fundamentales, y donde la sociedad civil, que vendría a ser el sujeto regulado por la misma, no tuvo la oportunidad de co-legislar o de ejercer el derecho a la consulta pre-legislativa, tal cual lo manda la Constitución y sus postulados que amparan la participación social.   No es clara la intención del ejecutivo en emitir un decreto que vuelve a reincidir en los aspectos problemáticos de la norma anterior, como son las causales de disolución con alto grado de discrecionalidad, o en un control desproporcional de las actividades de las organizaciones sociales. Más aún cuando a la par, ya se encuentran en construcción dos proyectos de ley dentro de la Asamblea Nacional que regularían la libertad de asociación, la participación ciudadana y el control social.   Es necesario discutir a nivel nacional, y con una amplia participación ciudadana, los mecanismos para garantizar los derechos a la libertad de asociación, y esa tarea queda pospuesta por un decreto ejecutivo que no aporta sustancialmente a dicho fin y que no cuenta con la legitimidad de la sociedad civil.   Análisis del Decreto Ejecutivo 193
Please follow and like us: