Author Archives: terramaterec

Retóricas de la Consulta Popular en el Ecuador

En Ecuador la consulta en materia socioambiental ha generado diversos debates y controversias. Especialmente porque en la última década, las reformas normativas al texto constitucional y otros mecanismos que regulan la participación de la ciudadanía en la gestión de lo público, nos ha ubicado como referentes de garantía de derechos a nivel internacional. Estas transformaciones, sobre todo sea hacen visibles con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y al integrar enfoques neoconstitucionales que ponen de relieve la importancia de los derechos colectivos y la democracia participativa en la estructura administrativa y política del Estado.

Sin embargo, a pesar de que existen innovaciones en el ordenamiento jurídico nacional y se puede reconocer que en apariencia se ha dado una extensión de los derechos de la ciudadanía; en la práctica su implementación discrecional e instrumentalización de los mecanismos que regulan la participación de la sociedad civil y de las poblaciones afectadas por el desarrollo de proyectos de energéticos, extractivos y de infraestructura, nos dejan una brecha irreductible entre la construcción de relato normativo y las realidades que afronta la población ecuatoriana.

Por este motivo, presentamos a continuación dos artículos que hacen una reflexión detallada sobre la calidad de la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental en el Ecuador. Comparando experiencias emblemáticas que reflejan las falencias de estos procesos y establecen los vacíos existentes en la norma frente a lo dispuesto en instrumentos y mecanismos internacionales que están orientados a promover el disfrute de los derechos humanos.

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Organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas expresan profunda preocupación por visita de experto independiente de Naciones Unidas y se solidarizan con pronunciamiento de OSC similares venezolanas

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Sorpresa ha causado entre las organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas el anuncio de la visita a Ecuador del experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas, cuyo mandato fue establecido mediante resolución 18/6 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, considerando que otros procedimientos especiales han solicitado en varias oportunidades visitas similares sin recibir una respuesta afirmativa por parte del Estado ecuatoriano.

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CONAIE y CONFENIAE expresan su rechazo al anuncio de nuevas rondas de licitación petrolera

La mañana de este jueves 26 de octubre, presidentes de todas las nacionalidades amazónicas llegaron a Quito a respaldar la postura de la CONAIE y CONFENIAE en relación al anuncio realizado por el Ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez sobre el inicio de un nuevo proceso de licitación de bloques petroleros en el centro sur amazónico.

 

Jaime Vargas, presidente de CONAIE ingresó al encuentro, en que se encontraban personas y empresas interesados en conocer sobre el futuro petrolero del Ecuador y cuáles son las perspectivas que tiene el país en relación a esta industria para los próximos años. Durante su intervención, que fue escuchada por el Ministro Carlos Pérez desde el estrado, Vargas señaló que las organizaciones y pueblos amazónicos se han opuesto por años a la licitación de nuevos bloques petroleros, pues las comunidades no han visto todavía los supuestos beneficios de la explotación petrolera y al contrario, solamente han sufrido los efectos de la contaminación provocada por esta industria.

 

En los exteriores del Hotel Marriot se concentraron los presidentes de todas las nacionalidades amazónicas, que vinieron a respaldar el pronunciamiento de Jaima Vargas.

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Ante la liquidación de los Decretos 16, 739 y la creación del Decreto 193

  La derogación de estos decretos reconoce implícitamente que el cierre de Fundación Pachamama fue arbitraria e ilegal, es por lo tanto una tarea urgente la devolución de la personería jurídica de esta organización que ha trabajado por más de 20 años en la defensa de la naturaleza y los derechos colectivos.   El cuatro de diciembre del 2013 el Gobierno Nacional, a través de un informe del Ministerio de Ambiente decidió disolver a la Fundación Pachamama, dando de esta forma por terminados 20 años de trabajo en la defensa de la naturaleza y los Derechos Colectivos en el Ecuador. Esta decisión fue tomada argumentando que se incumplió con los fines estatutarios con los que fue creada y por supuesta “injerencia en políticas públicas, atentando contra la seguridad interna del Estado y afectando la paz”. Esta sería la primera vez que se aplicaba a rajatabla el Decreto Ejecutivo 16, un instrumento utilizado por parte del gobierno del entonces Presidente Rafael Correa para perseguir y amedrentar a las organizaciones de la sociedad civil, afectando gravemente el derecho a la libertad de asociación. El 28 de marzo del 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “grave preocupación” por esta situación. En el 2009 Acción Ecológica fue clausurada utilizando el Decreto 982, sin embargo esta organización fue reabierta por el MAE.   La derogación de los Decretos 16 y 739 es el reconocimiento de que fueron instrumentos creados para perseguir a la sociedad civil, atentar contra el derecho a la libertad de asociación e impedir el trabajo fundamental de organizaciones como Fundación Pachamama, Acción Ecológica, Fundamedios, y por supuesto la Unión Nacional de Educadores.   Sin embargo, hay que decirlo, la derogatoria de estos decretos es insuficiente, al reconocer que fueron instrumentos persecutorios, se vuelve una imperiosa necesidad la devolución de la personería jurídica a Fundación Pachamama, pues la liquidación de esta organización fue arbitraria, ilegal e ilegítima.   En relación a la creación del Decreto 193, hemos visto que reitera los vicios de procedimiento alrededor de la expedición de una norma que regula derechos fundamentales, y donde la sociedad civil, que vendría a ser el sujeto regulado por la misma, no tuvo la oportunidad de co-legislar o de ejercer el derecho a la consulta pre-legislativa, tal cual lo manda la Constitución y sus postulados que amparan la participación social.   No es clara la intención del ejecutivo en emitir un decreto que vuelve a reincidir en los aspectos problemáticos de la norma anterior, como son las causales de disolución con alto grado de discrecionalidad, o en un control desproporcional de las actividades de las organizaciones sociales. Más aún cuando a la par, ya se encuentran en construcción dos proyectos de ley dentro de la Asamblea Nacional que regularían la libertad de asociación, la participación ciudadana y el control social.   Es necesario discutir a nivel nacional, y con una amplia participación ciudadana, los mecanismos para garantizar los derechos a la libertad de asociación, y esa tarea queda pospuesta por un decreto ejecutivo que no aporta sustancialmente a dicho fin y que no cuenta con la legitimidad de la sociedad civil.   Análisis del Decreto Ejecutivo 193
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Internet satelital para comunidades Sápara en el Ecuador

En la comunidad Sápara de Llanchamacocha hasta hace aproximadamente dos meses no existían mecanismos de comunicación adecuados ni efectivos para que las personas que viven en en ella se comunicaran adecuadamente con el exterior. En un trabajo mancomunado entre esta nacionalidad, Terra Mater y Amazon Watch se pudo desarrollar una propuesta para el ingreso de internet satelital, una experiencia que permitirá una comunicación ágil entre los miembros de la comunidad y el exterior.

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