En Ecuador la consulta en materia socioambiental ha generado diversos debates y controversias. Especialmente porque en la última década, las reformas normativas al texto constitucional y otros mecanismos que regulan la participación de la ciudadanía en la gestión de lo público, nos ha ubicado como referentes de garantía de derechos a nivel internacional. Estas transformaciones, sobre todo sea hacen visibles con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y al integrar enfoques neoconstitucionales que ponen de relieve la importancia de los derechos colectivos y la democracia participativa en la estructura administrativa y política del Estado.

Sin embargo, a pesar de que existen innovaciones en el ordenamiento jurídico nacional y se puede reconocer que en apariencia se ha dado una extensión de los derechos de la ciudadanía; en la práctica su implementación discrecional e instrumentalización de los mecanismos que regulan la participación de la sociedad civil y de las poblaciones afectadas por el desarrollo de proyectos de energéticos, extractivos y de infraestructura, nos dejan una brecha irreductible entre la construcción de relato normativo y las realidades que afronta la población ecuatoriana.

Por este motivo, presentamos a continuación dos artículos que hacen una reflexión detallada sobre la calidad de la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental en el Ecuador. Comparando experiencias emblemáticas que reflejan las falencias de estos procesos y establecen los vacíos existentes en la norma frente a lo dispuesto en instrumentos y mecanismos internacionales que están orientados a promover el disfrute de los derechos humanos.

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